La cueva de Klappen

Bajo el imperio del Mercado el poder abandona progresivamente la luz de la plaza pública, donde al menos los ciudadanos pueden asistir a la toma de decisiones, para refugiarse en multitud de despachos repartidos por todo el mundo, multiplicando exponencialmente el número de sus gestores y consiguiendo así un anonimato que lo convierte en incuestionable. Se puede discutir una ley del Parlamento, pero ¿ante quién podrían protestar los ciudadanos por una brusca caída de la cotización de su moneda o por los precios internacionales de los productos que exportan? La reducción del Estado que promueve el neoliberalismo está lejos de abrir nuevos espacios de libertad para el ciudadano de a pie: lo que hace es trasladar sus decisiones a manos de quienes no tienen que someterse periódicamente a los resultados de las urnas ni rendir cuentas de sus actos ante la opinión pública. De ahí que resulte abusiva la frecuente identificación del liberalismo y la democracia. Si por democracia entendemos la participación del pueblo en la vida pública, no parece que el creciente anonimato del poder sea compatible con la publicidad y la discusión de las decisiones políticas, así como con la responsabilidad de quienes las toman, condiciones indispensables para que el ciudadano tenga algún papel en la construcción del Estado. En su lugar, al hombre corriente se le ofrecen infinidad de micro decisiones, ninguna de las cuales es capaz de alterar el curso de la vida pública.

Todo esto no significa que el anonimato no tenga algunas ventajas. Así como el anonimato personal que asegura la vida en las grandes ciudades permite el desarrollo de muchas capacidades individuales que el rígido control social de las comunidades pequeñas tiende a reducir, el imperio de lo anónimo en la vida pública nos libra de las innumerables arbitrariedades y caprichos que trae consigo el acatamiento a poderes más personalizados. No cambiaría yo esta sociedad posmoderna por la sumisión a las veleidades despóticas de un monarca absolutista o de un dictador contemporáneo. Pero esto no implica desconocer las pretensiones de un Mercado que se postula como gestor de un nuevo absolutismo, esta vez globalizado, ante cuyas decisiones no cabe recurso alguno, ante todo porque no hay ante quién recurrir. Ni tampoco aceptar la falsa opción, frecuentemente preconizada por el pensamiento único, de que la única alternativa a esta hegemonía del Mercado consiste en la construcción de un Estado omnipotente que absorba las voluntades individuales. Habría que recordar la diferencia entre Estado y Sociedad, como así también que la sociedad anónima no es la única forma posible de sociedad. Pero este es otro tema.

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Los dos grandes partidos españoles se han puesto de acuerdo en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para eliminar en la práctica el principio de Justicia Universal, que permitía a los jueces españoles intervenir en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo.

El tema tiene facetas discutibles desde el punto de vista jurídico, y no faltan juristas progresistas que plantean reservas a este principio, que, por otra parte, ha sido ya aceptado por España en varios tratados internacionales.

Lo que llama la atención es que durante años ningún político atendió a los cuestionamientos de la jurisdicción universal mientras los casos denunciados se refirieron a países del tercer mundo, como Chile, Argentina o Guatemala. Las reservas se aducen ahora que los acusados son israelíes, norteamericanos o chinos. ¿Habrá que aceptar que la justicia puede ser universal, pero que algunos países son más universales que otros?

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Los responsables (¿o culpables?) de la actual crisis, los directivos de las entidades financieras,  no han sufrido, en general, ningún perjuicio ni se les ha exigido ninguna responsabilidad. Algunos han renunciado a sus cargos con suculentas indemnizaciones. Otros han seguido en sus puestos y han recibido importantes ayudas de los poderes públicos (es decir, del dinero de cada uno de nosotros) sin que se les haya exigido casi ninguna contrapartida.

Contra los inmigrantes, en cambio, cuyo trabajo barato fue decisivo durante los años de las vacas gordas se han tomado al menos las siguientes medidas:

La Directiva del Retorno, aprobada por la Unión Europea con los votos favorables del Partido Socialista Español (con dos excepciones) aprueba la posibilidad de su internamiento en cárceles comunes durante un máximo de año y medio sin que sean acusados de ningún delito. Los menores indocumentados, a su vez, podrán ser entregados a terceros países sin que sea necesario hacerlo a sus familiares.

El anteproyecto de reforma de la ley de inmigración española establece un máximo de internamiento de 60 días, pero ampliable indefinidamente por razones tales como la enfermedad del inmigrante o cualquier tipo de dificultades en la repatriación que no sean por culpa del Estado. Siempre sin que se les acuse de ningún delito.

Por otra parte, la ayuda a los inmigrantes ilegales será penalizada, aun cuando se haga por razones altruistas y sin buscar beneficio económico. Esta ley todavía no ha sido aprobada; esperemos que no lo sea.

Y en el debate sobre el Estado de la Nación no se les ofrece ningún tipo de apoyo, mientras a los vendedores de automóviles se les premia con dinero público.

Para completar, Berlusconi acaba de aprobar en Italia medidas abiertamente xenófobas, como considerar delito la inmigración ilegal, privar a los inmigrantes de elementales derechos humanos como el derecho a la salud y la educación y prohibirles realizar cualquier gestión administrativa, como inscribir a sus hijos. También se legalizan las rondas ciudadanas para perseguir inmigrantes.

De momento, la Unión Europea, uno de cuyos principios fundacionales consiste en asegurar el respeto a los derechos humanos en los países miembros no ha dicho nada. Y me alegraría equivocarme, pero no creo que lo haga.

Ha comenzado la caza del inmigrante. Razonable, teniendo en cuenta que ahora ya no son necesarios.

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¿Por qué preocuparnos por la situación del mundo, si nosotros tenemos bastante con nuestros propios problemas, que tienen poca o ninguna relación con problemas que, aunque quizás más graves, suceden en lugares ajenos a nuestra realidad cotidiana? Cualquier persona bien informada sabe, por ejemplo, que al menos una quinta parte de la humanidad vive en situación de pobreza extrema, que más de ochocientos cincuenta millones están en riesgo inminente de morir de hambre, que las distancias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado no cesan de aumentar, que dos terceras partes de la humanidad viven con diversos grados de precariedad económica. Ante estos hechos no faltan –más bien sobran- opiniones que sostienen que tales problemas son secundarios con respecto a nuestras propias necesidades. Un tertuliano de la COPE se escandalizaba hace unos días de que en la cumbre del G 20 se haya hablado de destinar fondos al mundo subdesarrollado, cuando aún no hemos resuelto los problemas de nuestra propia crisis.

Se me ocurren tres tipos de razones que se suelen aducir para justificar nuestra preocupación por estos problemas ajenos. Y creo que no todas son válidas.

1. La compasión.

Vemos por televisión imágenes de niños desnutridos y ancianos abandonados, que suelen provocarnos sentimientos de compasión y culpa. No creo que haya que desvalorizar estos sentimientos, que en muchos casos motivan acciones incluso heroicas. Pero creo que la compasión no es el mejor camino para fundamentar la necesidad de ocuparnos de los problemas ajenos. Las apelaciones emotivas a las desgracias de los demás no suelen producir por sí solas convicciones sólidas y permanentes. La compasión siempre es molesta, produce desasosiego. Y resulta entonces frecuente la huída de esas imágenes y noticias el olvido de lo que ha provocado ese mal momento. La emoción, por sí sola, dura poco y no llega  a generar una actitud duradera.

2. El egoísmo racional.

Suele decirse que debemos preocuparnos por los demás porque es la condición necesaria para que mis propios problemas sean atendidos por los otros. Se trataría de un pacto tácito de la humanidad en su conjunto, que exige la solidaridad de todos con todos como la mejor manera de asegurar el cumplimiento de nuestros propios intereses. El egoísmo bien entendido, dicen, empieza por casa pero no se queda sólo en ella.

Pero creo que esto es jugar con las palabras. Porque si por egoísmo se entiende esta preocupación por la humanidad entera poco queda de la definición corriente de la palabra, que expresa una preocupación centrada en los intereses propios sin atender a los demás. Y, por otra parte, no veo en qué medida el destino de los habitantes de una aldea africana puede influir en nuestros intereses. Y menos aún que nuestra preocupación por las generaciones futuras, que aún no han nacido, revierta en nuestro propio provecho.

3. Los derechos universales.

La razón que me parece más válida para preocuparse de la situación de los demás consiste en el derecho que tiene toda persona, por el solo hecho de serlo, de satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente. Y no se trata de un derecho que nosotros podamos otorgar o negar, sino de una prerrogativa que cada uno de nosotros posee por el mero hecho de haber nacido. Esto no se puede demostrar, por supuesto. Pero es el supuesto necesario para superar el actual tribalismo y construir una civilización de alcance universal. Si en algo se distingue el ser humano de los otros animales es por esa condición que Kant llamaba de “fin en sí”, es decir, de no ser un mero instrumento al servicio de intereses ajenos. Y si nosotros reivindicamos ese derecho para nosotros mismos no veo por qué pueden estar excluidos del mismo otros seres humanos por el mero hecho de habitar en otro lugar de este planeta. Desde este punto de vista, poco importan las fronteras, las etnias y la diversidad de culturas. Aquello tan repetido “ocupémonos de nuestros propios problemas antes de pensar en los ajenos” no deja de ser una expresión tribal o al menos provinciana.

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No somos iguales. Los seres humanos somos radicalmente distintos, no sólo en el color o el sexo sino en nuestra forma de “estar en el mundo”: nuestros valores, inteligencia, y, en general todo aquello que bajo la denominación de “cultura” forma parte integrante de cualquier ser humano. Muchas veces se trata de disimular estas diferencias, cuando lo correcto es reconocerlas. Un ejemplo puede ser la famosa ley francesa del velo: para asegurar la igualdad entre los alumnos, no se les ocurre otra cosa que prohibir las señales que los diferencian.

Pero valemos lo mismo. El supuesto indispensable de toda civilización decente consiste en afirmar que esas diferencias no pueden interpretarse como diferencias de valor: el color de la piel, la mayor o menor inteligencia, las diferentes aptitudes, el sexo, la edad, no pueden convertirse en pretextos para conseguir privilegios que se niegan a los demás.  Por ello, en lugar de proclamar la igualdad, quizás sería mejor hablar del respeto a la diferencia.

Esta distinción tiene sentido, porque frecuentemente la igualdad sirve para encubrir actitudes etnocentristas: se trata de que aquellos que no son “iguales” lleguen a serlo, lo quieran o no. El famoso cartel de la granja de Orwell (Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros) expresa una constante en la historia de nuestro occidente desarrollado: sólo se otorga el certificado de igualdad a quienes pertenecen a nuestro mundo. Para comprobarlo, basta con revisar las últimas decisiones de la Unión Europea y las que se pretenden implantar en España acerca de los inmigrantes, a quienes se les priva de derechos universalmente reconocidos para los nuestros. Según la llamada “Directiva del retorno” (o de la vergüenza, según algunos) los inmigrantes pueden pasar hasta un año y medio en prisión sin estar acusados de ningún delito. Entre otras cosas.

Los Derechos Humanos marcan la frontera entre igualdad y diferencia. Su respeto puede y debe exigirse a todo habitante de este planeta, y sólo en este sentido somos “iguales”. Ningún pretexto supuestamente respetuoso de las diferencias culturales puede tolerar la sumisión de la mujer, los matrimonios forzados, la imposición de una religión determinada. Pero tampoco la explotación de los inmigrantes, la privación de sus derechos, la exclusión social.

En todo lo demás hay que respetar las diferencias, sin pretender imponer un modelo cultural uniforme. Y más vale que nos vayamos acostumbrando, porque, nos guste o no, Europa será cada vez más multicultural, en la medida en que constituimos una isla de abundancia que se distancia cada día más de la miseria que nos rodea. Pero ese es otro tema.

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La jerarquía de la Iglesia Católica suele ocultar las verdaderas razones que fundamentan sus tesis acerca de los temas que se discuten actualmente. Quizás porque si las expresaran no lograrían el consenso de muchos de sus fieles. En resumen:

* Oposición al aborto y experimentación con células madre: La razón consiste en la creencia de que Dios infunde un alma inmortal en el mismo momento de la concepción. de tal modo que la humanización no es un proceso gradual sino instantáneo: se es ser humano desde el cigoto. De tal modo que un par de células gozan de los mismos derechos humanos que un bombero. Tal doctrina, sin embargo, no ha existido siempe en la Iglesia. Santo Tomás, por ejemplo, demoraba varios días la infusión del alma, y algo más en el caso de la mujer.

* Eutanasia: La vida es un don de Dios y sólo él puede decidir su fin. Aun contra la voluntad del ser humano.

* Prohibición de método anticonceptivos (preservativos y otros): El acto sexual está orientado primordialmente a la reproducción. El mero placer es mirado con sospecha, y sólo es lícito cuando no se ponen medios mecánicos o químicos que obstaculicen el fin reproductivo. Sólo se tolera la mera finalidad placentera cuando el fin reproductivo no es posible por razones ajenas a los sujetos. Por ejemplo, infertilidad, vejez, etc. Por esta misma razón se condena siempre la masturbación.

Sería bueno que los señores obispos pusieran sobre la mesa estas razones, en lugar de pretender basar sus tesis en una supuesta “ley natural”, de la cual pretenden ser intérpretes.

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 La democracia es un concepto utópico. Pero hay que apresurarse a aclarar que esto no implica desvalorizarla ni arrojarla al reino de las ilusiones inoperantes: pocas cosas tienen tanta vigencia en la realidad como las utopías, que suelen orientar acciones concretas que ni siquiera saben a veces que se dirigen hacia ellas. Las utopías no son un punto de llegada – cuando lo son hay que echarse a temblar- sino un horizonte que se aleja en la misma medida en que nos dirigimos hacia él. Y la democracia no es una excepción. Por eso resulta absurdo hablar de países “democráticos”. A lo sumo se puede hablar de diversos grados de aproximación a la democracia o de la dirección que sigue un determinado proceso político. Pero no ha aparecido todavía en la historia un país que merezca sin más semejante calificación.

En primer lugar por respeto a la etimología: por supuesto que el pueblo no ha gobernado ni gobierna en ningún país del mundo. El sistema de gobierno de los actualmente llamados países democráticos pretende ser representativo: como sería imposible una democracia directa en sociedades amplias como las actuales, el pueblo –en el cual radica la soberanía- elige un grupo de personas que represente las diversas corrientes ideológicas de los ciudadanos. Pero creo que este sistema abusa del significado de la palabra “representación”. Alguien me representa cuando habla en mi lugar, defendiendo las mismas opiniones que yo. Pero en nuestra legislación la “representación” se concede de una vez para toda la legislatura, sin que los representados puedan revocar el mandato de los representantes durante cuatro años y ni siquiera cambiar sus decisiones en problemas concretos. Creo que sería más adecuado llamar “delegación” a este sistema: la soberanía popular se delega en los parlamentarios, que sólo deberán rendir cuentas al fin de su mandato, durante el cual tienen derecho a defender posiciones que pueden –y muchas veces lo son- contrarias a las de sus representados. Otra vez hay que insistir: esto no significa descalificar el sistema ni optar por una imposible democracia directa, al estilo de Rousseau. Tal sólo señalar uno de los límites de ese etimológico “gobierno del pueblo”. Aunque hay más.

Se supone que una nota esencial de la democracia consiste en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, a la cual están también sujetos los gobernantes. Sin embargo, nuestro sistema jurídico se aplica de forma distinta según el nivel económico de los ciudadanos. La institución de la fianza es un ejemplo muy claro: un presunto delincuente puede sufrir un largo período de prisión o esperar el juicio tranquilamente en su casa dependiendo de sus posibilidades económicas. Pero además, la existencia de una abogacía privada pone en cuestión la imparcialidad de los juicios: no tiene las mismas posibilidades un inmigrante que debe conformarse con un abogado de oficio mal pagado y abrumado de trabajo que un delincuente que puede contratar un prestigioso –y carísimo- estudio jurídico que cuenta hasta con  investigadores privados.

Finalmente, y sobre todo, la democracia de nuestros países se limita al ámbito político, mientras renuncia a buena parte de sus competencias en el terreno económico. Mientras las leyes se discuten públicamente y las decisiones del gobierno cuentan con la fiscalización de los políticos opositores, las decisiones económicas -de las cuales dependen muchas decisiones políticas- se toman en anónimos despachos dirigidos por personas a las que nadie conoce, y por lo tanto a las cuales nadie pide cuenta de sus actos. El control democrático se limita al cumplimiento de algunas normas legales, que no deciden, por ejemplo, el destino del dinero que se mueve en el mundo financiero.

Como dije al principio, no se trata de desvalorizar la imperfecta democracia que tenemos sino de todo lo contrario: de exigir que se extienda a esos ámbitos en los que apenas tiene vigencia, como el jurídico y el económico.

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  Cuando las palabras escritas con mayúsculas empiezan a ocupar un lugar importante en el lenguaje, desplazando al modesto vocabulario cotidiano, hay que echarse a temblar.  A más de un ser humano de carne y hueso le ha costado la vida el imperio de esas grandes palabras cuando adquieren vida propia y pretenden regir la existencia de quienes las pronuncian. Abundan los ejemplos históricos: Raza, Imperio, Razón, Progreso, Estado, y, más recientemente,  Mercado y Globalización. El concepto de Patria o Nación sigue el mismo camino: los nacionalismos virulentos que nos invaden postulan la existencia de un “ser nacional”  de carácter metafísico, situado más allá de las decisiones concretas de los hombres, hasta el punto de que puede exigir hasta el sacrificio de la vida de quienes están sometidos a su imperio. O, lo que es más grave, el sacrificio de quienes no quieren someterse.

La expresión “ser nacional” se sitúa así en un plano trascendente, donde no lo alcanzan las contingencias de la vida cotidiana. Cualquier intento de definir ese “ser nacional”  reduciéndolo a contenidos concretos como el idioma, las costumbres, la cultura, el paisaje o la gastronomía provocará la reacción indignada de quienes postulan una esencia permanente, situada más allá del mundo real en que ese pueblo vive su vida: “no es sólo eso” –dirán- “está en juego nuestra identidad como pueblo”.

No existe ninguna metafísica inocente, y esta tampoco lo es. Porque, como sucede siempre, detrás de estas mayúsculas se esconden intereses minúsculos, que sí tienen nombres y apellidos y que prefieren proteger su identidad personal tras la supuesta identidad de todo un pueblo. Desde siempre, el poder ha necesitado legitimaciones más prestigiosas que el mero deseo de dominar: antes, el soberano decía que gobernaba en nombre de Dios; más adelante fue el servicio a la Patria o al Pueblo. Pero siempre se encontró una mayúscula que se prestara a arropar la ambición personal de poder, cuyo reconocimiento resulta políticamente incorrecto. De ahí la devoción que el nacionalismo provoca en la clase política: no es lo mismo ser Alcalde de un Ayuntamiento, Presidente de una Autonomía o Jefe de un Estado.

Pero se entiende menos el fervor nacionalista de los ciudadanos de a pie, aquellos cuyas relaciones con el poder se limitan a delegar su supuesta soberanía en manos de quienes toman las decisiones.  La democracia, como sabemos todos, no significa “gobierno del pueblo”,  pese a su etimología.  El pueblo ni ha gobernado ni gobierna en ningún país del mundo: se limita a legitimar por medio del voto el ejercicio del poder de una clase política y a controlar en alguna medida su ejercicio, asegurando así la publicidad de las decisiones legislativas y la alternancia pacífica de los gobernantes. Lo cual no es poco y es razón suficiente para defender el sistema democrático contra los autoritarismos de todo signo, en los cuales desaparece aun esa modesta participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder.

Si esto es así –y creo que lo es- cabe preguntarse si el origen étnico de sus gobernantes constituye realmente un problema importante para el pueblo llano. Me inclino más bien a sospechar que el concepto metafísico del “ser nacional” resulta muy útil a determinada clase política para investir su mandato de una dignidad trascendente y de paso soslayar los problemas centrales que afectan a los ciudadanos y de los cuales depende, por ejemplo, su estabilidad en el trabajo, la calidad de la educación y la sanidad, las políticas de inmigración, el papel que juega en las relaciones internacionales. Dígase lo que se diga, las ideologías no han muerto, como anunciaron algunos profetas: no es lo mismo un gobierno de derechas que uno de izquierdas, una política liberal que una política socialista, pese a que hayamos asistido a sospechosos travestismos en los últimos años. Desde este punto de vista, resulta sorprendente constatar las actuales alianzas políticas en el país vasco, donde proliferan matrimonios cuyo único vínculo de unión radica en la fe compartida en una “construcción nacional” tan abstracta como indefinible. Y más sorprendente aún resulta observar cómo numerosos jóvenes situados ideológicamente en la izquierda posponen las luchas políticas que definirían un modelo de sociedad progresista concentrando sus esfuerzos en una hipotética “identidad nacional” que, sin ser profetas, podríamos sospechar por qué manos sería gestionada en caso de construirse. Ni siquiera los individuos gozan de esa “identidad”: la vida de las personas, como la de los pueblos, se define por un  cúmulo de relaciones y acuerdos concretos y fluctuantes, antes que por esencias inmutables.

No siempre el nacionalismo ha jugado este papel encubridor, por supuesto. Sin remontarnos a la importancia que tuvo en la lucha contra los absolutismos durante la formación de los Estados Nacionales, hay que reconocer el papel positivo que ha jugado y aún juega en la emancipación de tantos pueblos sometidos y explotados por potencias coloniales. Cuando a un pueblo se lo oprime económica y culturalmente, cuando se reserva a sus habitantes los trabajos peor remunerados, cuando se le impide por la fuerza cultivar su lengua y sus costumbres y se le imponen gobernantes cuya función principal consiste en gestionar la explotación de sus recursos, el nacionalismo constituye una saludable expresión de legítima defensa. Pero parece difícil reconocer al País Vasco –por ejemplo- en este retrato. El problema real es otro. En estos tiempos de globalización, la opresión de los pueblos depende cada vez menos de las fronteras nacionales: mientras los habitantes de una nación emplean valiosas energías en discutir acerca de las banderas que deben ondear en un Ayuntamiento, las decisiones importantes se fraguan en anónimos despachos apátridas, encantados al comprobar que sus críticos potenciales dedican sus esfuerzos a problemas que poco les afectan.

Esto no significa negar aspiraciones tan evidentes como la necesaria descentralización del poder, el acercamiento de los gobernantes a las comunidades locales, el cultivo de las culturas regionales. Pero no es esto lo que se discute. Estas reivindicaciones, cuya importancia nadie niega, son propias de un saludable nacionalismo con minúsculas que no necesita investirlas de un carácter épico, y mucho menos exigir el sacrificio de la vida propia o ajena (sobre todo ajena) para luchar por ellas. La gestión descentralizada de la seguridad social o de la recaudación impositiva poco tienen que ver con la abstracta “identidad nacional”  o la “soberanía sobre el destino histórico del Pueblo”, discursos que ayudan a ocultar el verdadero problema por el cual se debe y se puede luchar: convertir este mundo amenazado por la globalización financiera en un lugar habitable para todos los seres humanos del planeta, vivan donde vivan.

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Estoy de acuerdo con la introducción de la cadena perpetua en la legislación española, pero no estoy de acuerdo con la campaña que se está desarrollando para introducirla en el Código Penal.Creo que existen algunos delincuentes cuya capacidad de reinserción es casi nula, y si han delinquido cuando todavía son jóvenes, una condena por tiempo limitado, aunque sea por treinta años, permite que salgan de la cárcel con su capacidad intacta para volver a cometer delitos. Y probablemente la introducción de medidas como la libertad vigilada no sean suficientes en estos casos, teniendo en cuenta la falta de medios y personal para hacerla efectiva.

Debería existir, sin embargo, la posibilidad de revisar estas condenas al cabo de un número determinado de años, y si surgen nuevos indicios que indiquen que el delincuente ya no constituye un peligro se le podría conceder algún tipo de libertad, incluso total. Quizás este límite baste para que la cadena perpetua sea compatible con el objetivo constitucional de reinserción.

Pero no estoy de acuerdo con la actual campaña a favor del referéndum sobre la prisión perpetua. En primer lugar porque surge al calor de un delito concreto con todas las características capaces de excitar la emotividad y la “buena conciencia” de la sociedad, uno de cuyos mecanismos expiatorios consiste en depositar todas las culpas en los delincuentes y suponer que cuanto más fuerte sea el castigo más liberado se encuentra el buen ciudadano de sus propios demonios. Las leyes no pueden promulgarse ad hoc, como respuesta a un caso concreto. Aun cuando es verdad que deben responder a las demandas de la sociedad,  hace falta tiempo y distancia afectiva para que esas demandas se decanten y dejen de responder al calor del momento.

Pero, además, me parece que la cadena perpetua debería ser un recurso extremo, sólo aplicable en casos de gravedad excepcional. La cárcel no es el mejor recurso del que dispone la sociedad contra el delito: hay estudios que demuestran que existen sistemas mucho más efectivos –e incluso más baratos- que la prisión, aplicables a buena parte de los condenados que cumplen penas en la actualidad, a veces por el crimen de haber vendido discos piratas en la vía pública. Véanse, por ejemplo, los artículos de Roberto Gargarella y Emilio Mosterín en el Nº 188 de la revista Claves de Razón Práctica.

Y desde este punto de vista un crimen como el se cometió contra una niña por parte de su ex novio no me parece, a priori, un caso típico para aplicar la cadena perpetua. Quizás un joven de veinte años, debidamente tratado –cosa poco probable, todo hay que decirlo- puede evitar el fracaso al que le condenaría pasar en la cárcel el largo resto de su vida. Aunque el deseo de venganza de la familia de la joven sea más que comprensible.

Otra cosa puede decirse de pederastas sádicos y asesinos, de criminales en serie, de delincuentes que, sin ser técnicamente dementes, representen un peligro constante para los que les rodean.

Es decir, la cadena perpetua  sólo debería utilizarse en casos límite, cuando no existe otro recurso para proteger a la sociedad de amenazas previsiblemente graves. Pero no  para satisfacer deseos de venganza que son respetables y que tienen su lugar en la justicia penal, pero que deben administrarse de modo muy restrictivo. Y de ninguna manera considerar la prisión perpetua como un paso hacia la pena de muerte, un recurso propio de sociedades bárbaras en las cuales la venganza se antepone a cualquier otra función que pueda cumplir la pena impuesta al delincuente.

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